Para cuando a mediados de 1984 la prensa se enteró de que la Transamerican tenía en planes destruir el edificio del Jaragua para construir un nuevo hotel, el contrato de arrendamiento todavía no se había sometido al Congreso. Motivados por las posibilidades de ese limbo, distintos sectores de la sociedad civil se unieron para intentar evitar su demolición. En la lista se encontraban periodistas, arquitectos y estudiantes de la carrera, como los miembros del Grupo Nueva Arquitectura, quienes hicieron una solicitud formal a los legisladores para declarar la edificación como un bien patrimonial y cultural. Ese 14 de noviembre el regidor (y arquitecto) Joaquín Gerónimo emitió desde la Sala Capitular del Ayuntamiento una resolución que declaraba la obra como patrimonio cultural, remitiéndola al Poder Ejecutivo para intentar poner en pausa esos planes que buscaban su caída para construir un nuevo complejo encima.